Reclamaciones por daños contra el Ayuntamiento de Cádiz: el PSOE denuncia expedientes atascados
El grupo municipal socialista llevará al próximo Pleno del Ayuntamiento de Cádiz una iniciativa para exigir al equipo de gobierno que responda a las reclamaciones por daños patrimoniales presentadas por los vecinos. La propuesta pide que se presente en el plazo de un mes un informe con la situación de los expedientes acumulados y que se doten de medios humanos y materiales al servicio encargado de tramitarlos.
La iniciativa llega después de que la asociación de consumidores Facua Cádiz denunciara el caso de un ciudadano que lleva casi cuatro años esperando una resolución sobre la indemnización que reclamó por unos daños. El PSOE sostiene que se trata de un problema estructural de acumulación de expedientes sin resolver, no de un caso aislado, y reclama transparencia sobre cuántas solicitudes permanecen pendientes y desde cuándo.
Qué es la responsabilidad patrimonial de la Administración
El debate político remite a una figura del Derecho Administrativo: la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. Conforme al artículo 32 de la Ley 40/2015, los particulares tienen derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en sus bienes o derechos siempre que sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, salvo en los casos de fuerza mayor. Es el mecanismo que permite, por ejemplo, reclamar por una caída en la vía pública, por daños en un vehículo debidos al mal estado de una calzada o por los perjuicios derivados de un servicio municipal deficiente.
Plazos y silencio administrativo: por qué importa la demora
El procedimiento se rige por la Ley 39/2015. El ciudadano dispone, con carácter general, de un año para reclamar desde que se produjo el hecho o se manifestó su efecto lesivo. La Administración cuenta a su vez con un plazo máximo de seis meses para resolver de forma expresa. Transcurrido ese plazo sin respuesta, opera el silencio administrativo negativo: la reclamación se entiende desestimada, lo que deja al afectado la opción de acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa para defender su derecho a la indemnización.
La demora en resolver, como la denunciada en Cádiz, no extingue el derecho del ciudadano, pero prolonga la incertidumbre y suele obligar a judicializar asuntos que podrían haberse resuelto en vía administrativa. Ante un expediente paralizado, conviene revisar los plazos, documentar la reclamación y valorar con asesoramiento jurídico especializado los pasos a seguir, incluida la eventual reclamación por vía contencioso-administrativa.
Fuente: Diario de Cádiz.
