La Fiscalía pide reformar el art. 367 ter LECrim para destruir narcolanchas sin esperar a la autorización judicial
La acumulación de embarcaciones semirrígidas de alta velocidad incautadas en operaciones antidroga se ha convertido en un problema de gestión procesal de primer orden en la provincia de Cádiz. El Ministerio Fiscal ha propuesto una reforma del artículo 367 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que permitiría acordar por vía administrativa la destrucción de estas lanchas y de sus motores una vez practicadas la tasación y las comprobaciones técnicas necesarias, sin tener que aguardar a una autorización judicial específica. La propuesta, según la información publicada, tiene su origen precisamente en la situación trasladada desde Cádiz.
El punto de partida es el régimen vigente de los efectos intervenidos. Las narcolanchas son, a efectos prácticos, género prohibido: no pueden reintroducirse en el mercado mediante realización anticipada como cualquier otro bien decomisado, de modo que la única salida razonable es su destrucción. Mientras esa destrucción no se acuerda, la embarcación permanece custodiada en un depósito, genera gastos de conservación y ocupa un espacio que, según viene advirtiendo la Fiscalía en sus memorias, hace tiempo que no existe.
Las cifras citadas en las memorias fiscales dan la medida del atasco: a comienzos de 2024 se contabilizaban en torno a 80 embarcaciones y unos 150 motores depositados en El Puerto de Santa María y cerca de 300 embarcaciones en la zona de Algeciras. La saturación ha obligado a recurrir a emplazamientos distintos de los depósitos oficiales y ha abierto un frente adicional de riesgos: sustracciones de motores y componentes de alto valor —con la consiguiente pérdida de piezas de convicción— y problemas medioambientales y de salud pública derivados de los residuos y del combustible almacenado.
La Fiscalía vincula buena parte de la demora con la carga de trabajo que soportan los órganos judiciales encargados de instruir las causas derivadas de las aprehensiones. En 2025, según los datos manejados, los procedimientos relacionados con sustancias que causan grave daño a la salud crecieron un 118 % en Cádiz, un 59 % en el Campo de Gibraltar y un 37,9 % en Jerez, un aumento que se relaciona con el uso cada vez más frecuente de estas embarcaciones para recoger cocaína de buques nodriza situados mar adentro. Para la abogacía que trabaja en Derecho penal en la plaza, el dato importa por partida doble: anticipa más señalamientos y más dilación en los órganos de instrucción de la capital.
La reforma, de prosperar, tendría efectos directos sobre la defensa. Adelantar la destrucción reduce el margen para solicitar pericias sobre la embarcación una vez desaparecida esta, de modo que el peso probatorio se desplazaría hacia el acta de tasación y los informes técnicos previos: ahí es donde la defensa tendría que intervenir, y en plazo. La propuesta sigue siendo eso, una propuesta de lege ferenda del Ministerio Fiscal, y requeriría reforma legal aprobada por las Cortes para desplegar efectos. Conviene recordar, además, que los procedimientos a los que se refieren estos datos están en tramitación y rige plenamente la presunción de inocencia de las personas investigadas.
Fuente: Cádiz Directo.
