Cinco sindicatos del Ayuntamiento de Cádiz reclaman la valoración de puestos y rechazan una RPT parcial
La mayoría de la representación sindical del Ayuntamiento de Cádiz —UGT, UPLBA, SPLCA, CCOO y CSIF— ha hecho público un comunicado conjunto en el que censura la gestión de personal del Gobierno municipal y anuncia que intensificará las medidas de presión si no se fijan plazos concretos. El bloque abarca prácticamente a toda la plantilla municipal, con la excepción de Autonomía Obrera, que no ha suscrito el escrito.
El núcleo de la reclamación es técnico y tiene un recorrido jurídico claro: la valoración total de los puestos de trabajo y la aprobación de la correspondiente Relación de Puestos de Trabajo (RPT). Los sindicatos recuerdan que la última valoración completa data de 2001, es decir, veinticinco años, y que el expediente de contratación de la auditoría externa está, según afirman, íntegramente elaborado en su parte técnica pero pendiente de adjudicación. La RPT es el instrumento de ordenación del personal previsto en la legislación de función pública: de ella dependen la clasificación de los puestos, los requisitos de provisión y los complementos de destino y específico, de modo que su desactualización se traduce en diferencias retributivas y de carrera difíciles de corregir por otra vía.
El segundo frente es el Acuerdo Regulador aprobado al final del mandato anterior, cuyo contenido los sindicatos consideran en buena parte sin aplicar. Y el tercero es la fórmula propuesta por el Gobierno municipal: una RPT parcial, que la representación sindical rechaza —»inaceptable e incoherente», en sus palabras— pese a haber aceptado un planteamiento similar en 2022. Jurídicamente, una modificación parcial de la RPT es posible, pero está sujeta a negociación en la mesa correspondiente y a motivación suficiente; su impugnación se sustancia ante la jurisdicción contencioso-administrativa, al tratarse de un acto de ordenación con eficacia general.
El conflicto llega además en un momento en que el Consistorio acumula frentes en materia de personal. Hace solo unos días se dio a conocer una resolución judicial que, según UGT, declara vulnerado su derecho a la libertad sindical por no haber dispuesto de la documentación necesaria para negociar, lo que apunta a un problema recurrente en la fase informativa previa a la negociación colectiva. La exigencia de negociar «de buena fe» que formulan ahora los sindicatos no es una fórmula retórica: es un deber legalmente exigible en el ámbito de la negociación colectiva del empleo público.
De cara a los profesionales del Derecho laboral y del Derecho administrativo que asisten a empleados públicos en Cádiz, el asunto abre dos vías: la reclamación individual frente a la valoración del puesto concreto, una vez aprobada la RPT, y la vía colectiva —conflicto colectivo o impugnación del instrumento— si la ordenación parcial llega a aprobarse sin la negociación debida. En ambos casos los plazos de recurso comienzan a correr con la publicación del acuerdo, no con el anuncio.
Fuente: Diario de Cádiz.
