Si el préstamo financió tu empresa no eres consumidor: adiós a la cláusula suelo (SAP Cádiz, Secc. 5ª, 447/2026)

En dos frases: la Audiencia Provincial de Cádiz revoca íntegramente una sentencia que había anulado la cláusula suelo y otras cláusulas de un préstamo hipotecario, porque el dinero se destinó a cancelar una línea de crédito de una sociedad mercantil y el prestatario no actuó, por tanto, como consumidor. Sin condición de consumidor no hay control reforzado de transparencia, solo control de incorporación, que las cláusulas superaban: la demanda se desestima y las costas de primera instancia recaen sobre los demandantes.

Resumen divulgativo de una resolución judicial publicada en la base de datos del CENDOJ. No es asesoramiento jurídico ni sustituye la lectura del texto íntegro.

Ficha de la resolución

• Órgano y sede: Audiencia Provincial de Cádiz, Sección 5ª (sede en Cádiz capital).
• Tipo y número: Sentencia nº 447/2026, de 30 de junio de 2026.
• Recurso: rollo de apelación nº 1.453/2021.
• Procedencia: Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Cádiz (juicio ordinario sobre condiciones generales de la contratación nº 2.627/2017; sentencia de 2 de junio de 2021).
• Ponente: Ilmo. Sr. Miguel Ángel Fernández de los Ronderos Martín.
• ROJ / ECLI: SAP CA 1556/2026 — ECLI:ES:APCA:2026:1556.
• Materia: condiciones generales de la contratación; condición de consumidor; carga de la prueba; cláusula suelo y control de transparencia.

Qué resuelve

La Audiencia estima íntegramente el recurso de la entidad bancaria y revoca la sentencia de instancia. En su lugar desestima por completo la demanda de los prestatarios, absuelve al banco de todas las pretensiones e impone a los demandantes las costas de la primera instancia. No impone las costas de la apelación a ninguna de las partes y ordena devolver al banco el depósito para recurrir. Cabe recurso de casación ante la Sala Primera del Tribunal Supremo si concurre interés casacional.

El caso

Un matrimonio suscribió el 7 de enero de 2011 una escritura de crédito con garantía hipotecaria y años después demandó a la entidad pidiendo la nulidad de varias cláusulas: suelo, comisión de apertura, imputación de gastos, interés de demora y vencimiento anticipado, con reintegro de lo pagado. El Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Cádiz les dio la razón casi por completo —salvó únicamente la comisión de apertura— y condenó en costas al banco.

La entidad recurrió con un único eje: los demandantes no eran consumidores. Sostuvo que el crédito se pidió para cancelar una cuenta de crédito de una sociedad limitada de la que el prestatario era administrador único, es decir, para una finalidad profesional o empresarial.

La Sala repasa la doctrina sobre la carga de la prueba (art. 217 LEC) y sobre el concepto de consumidor. Recuerda, con la STS 1521/2023 de 6 de noviembre, que las reglas de carga de la prueba solo operan cuando el hecho no está probado; si consta acreditado, da igual quién lo aportó. Y con la STS de 18 de julio de 2023 y la STS de 29 de abril de 2021, que la condición de consumidor no depende de la persona sino del destino del contrato: una misma persona puede ser consumidora en una operación y operador económico en otra (SSTJUE Milivojevic C-630/17, Schrems C-498/16 y Costea C-110/14).

Sobre los hechos, la Audiencia discrepa de la valoración probatoria del juzgado. La entidad aportó con su contestación documentación —consultas a registros mercantiles en línea y la propuesta de riesgos del crédito— de la que resulta que el prestatario era administrador único de la sociedad y que el crédito se pidió para cancelar una cuenta de crédito de esa mercantil, extremo que no se negó. Se añade que el crédito se declaró sujeto a IVA, dato que refuerza el carácter comercial de la operación. Frente a ello, la parte prestataria no aportó ningún soporte documental sobre un destino familiar del dinero, pudiendo hacerlo con facilidad.

Dos precisiones relevantes de la sentencia: la oferta vinculante de la Orden Ministerial de 5 de mayo de 1994 no acredita la condición de consumidor, porque venía exigida por la garantía hipotecaria y no por el perfil del prestatario; y la esposa cofirmante tampoco es consumidora, porque lo determinante es el ámbito objetivo de la operación, criterio que el Tribunal Supremo aplicó en su sentencia de 17 de noviembre de 2023 a quien financió el negocio de una hija.

Consecuencia: el control reforzado de transparencia solo puede predicarse de los consumidores. Para un no consumidor, la única barrera es el control de inclusión o incorporación —legibilidad, comprensibilidad, claridad y ausencia de remisión a textos no incorporados—, que las cláusulas superaban, al estar incluso recogidas en las ofertas vinculantes. Por tanto, son válidas.

Por qué interesa

Es el contrapunto necesario a la mayoría de resoluciones que publicamos sobre cláusulas abusivas: marca dónde termina la protección del consumidor, y lo hace con una consecuencia económica muy severa —desestimación íntegra y costas de primera instancia a quien demandó—.

Puntos que conviene tener claros antes de plantear una reclamación de derecho bancario:

• Lo decisivo es el destino del dinero, no quién firma. Ser persona física, particular o incluso funcionario no basta si el préstamo financió una actividad empresarial.
• El cofirmante sigue la suerte de la operación. La condición de consumidor no se rescata alegando que el cónyuge nada tenía que ver con la sociedad.
• Hay que anticipar la prueba del destino. Si el banco aporta indicios de finalidad empresarial, la parte prestataria debe poder documentar el destino privado del dinero; el principio de facilidad probatoria juega en su contra si no lo hace.
• Señales de alerta: operación declarada sujeta a IVA, propuesta de riesgos tramitada como empresa, coincidencia del domicilio del prestatario con el social, cancelación de una póliza de la mercantil.

Para quien gestiona reclamaciones masivas o asuntos de consumo e inmobiliario, la lectura es de gestión de riesgo: filtrar en el estudio inicial el destino real de la financiación evita llevar a juicio un asunto que, además de perderse, puede terminar con condena en costas para el cliente.

Preguntas frecuentes

Firmé la hipoteca como particular, pero el dinero fue para mi empresa. ¿Puedo reclamar la cláusula suelo?

Con este criterio, difícilmente. Los tribunales atienden al destino objetivo de la operación: si la financiación se dirigió a una actividad empresarial o profesional, no se aplica la normativa de protección de consumidores y el juez solo comprueba que la cláusula fuera legible y clara, no que se explicara adecuadamente su alcance económico.

¿Y si mi cónyuge firmó conmigo y no tiene nada que ver con el negocio?

La sentencia lo resuelve expresamente: la condición de consumidor se determina por la finalidad del contrato, no por la situación personal de cada firmante, así que el cofirmante ajeno a la actividad tampoco queda amparado por la normativa de consumo.

¿Qué riesgo tiene demandar y perder por este motivo?

El habitual en un pleito civil: la desestimación de la demanda y la imposición de las costas de la primera instancia, como ocurrió aquí. Por eso conviene revisar la documentación del préstamo y su destino antes de interponer la demanda.

Texto íntegro

Puede consultar la resolución completa en la base de datos del CENDOJ: SAP CA 1556/2026 — ECLI:ES:APCA:2026:1556.

Este artículo es un resumen divulgativo elaborado a partir del texto publicado por el CENDOJ y no constituye asesoramiento jurídico. Cada caso depende de sus circunstancias concretas y de la documentación contractual. Para una valoración de su situación, consulte con un abogado colegiado.