Consulta popular sobre las viviendas turísticas en Cádiz: el debate jurídico sobre hasta dónde puede llegar una votación municipal
La iniciativa impulsada por varias formaciones de izquierda para someter a consulta popular la implantación de una licencia urbanística municipal para las viviendas de uso turístico (VUT) en Cádiz ha abierto un debate que es, antes que político, estrictamente jurídico. La pregunta que propone el grupo promotor plantea que el Ayuntamiento modifique las normas urbanísticas, someta las VUT a licencia municipal y retire de la actividad aquellas que no se ajusten al PGOU vigente.
Frente a esa iniciativa, la plataforma Convive Cádiz, que agrupa a propietarios y gestores de VUT, ha encargado a un despacho especializado un informe jurídico cuya conclusión, según difunde la propia plataforma, es que una consulta popular no modifica el planeamiento urbanístico, no crea licencias municipales y no permite retirar colectivamente las VUT preexistentes. En palabras del informe, «una consulta popular no modifica el planeamiento urbanístico».
Las tres cuestiones jurídicas de fondo
El primer punto es el alcance de la consulta popular local. Este mecanismo, previsto en la legislación de régimen local, tiene naturaleza consultiva y requiere autorización estatal; su resultado no sustituye el procedimiento de modificación del planeamiento, que exige aprobación inicial, información pública, informes sectoriales y aprobación definitiva por el órgano competente.
El segundo es la situación de las actividades preexistentes. La introducción de un nuevo régimen de licencia plantea de inmediato la cuestión de la retroactividad y del posible reconocimiento de situaciones consolidadas, con la consiguiente discusión sobre confianza legítima y, en su caso, sobre responsabilidad patrimonial. Es un terreno donde la jurisprudencia contencioso-administrativa ha ido perfilando límites relevantes.
El tercero es la articulación entre normativa turística autonómica y urbanismo municipal, dos planos que operan sobre la misma realidad con títulos competenciales distintos y que en los últimos años han generado litigiosidad en varias ciudades andaluzas.
La plataforma acompaña su posición con estimaciones de impacto económico —una pérdida directa de entre 61 y 143 millones de euros y entre 845 y 1.471 empleos directos e indirectos— procedentes de un estudio de parte, que conviene leer como tal. Al margen de esas cifras, el procedimiento tiene recorrido en los despachos de la ciudad que trabajan en derecho administrativo y en derecho inmobiliario.
Fuente: Diario de Cádiz.
